En Costa Rica como en muchos otros países que son conocidos como democráticos, existen situaciones, que contradicen este hecho e incluso amenazan con dejar la idea de democracia simplemente en el papel. Entre estos problemas destacan: la ingobernabilidad, la privatización de lo público y el poder invisible.
Partiendo del hecho de que la ingobernabilidad se entiende como la consecuencia producida por la desproporción entre las demandas que provienen cada vez en mayor número de la sociedad civil y la capacidad que tiene el sistema político de responder a estas.
Prueba de lo anterior es el colapso continuo que sufren los centros de salud estatal (hospitales y clínicas), por la gran cantidad de personas que necesitan atención médica, las largas horas de espera, la gran cantidad de ocasiones en las que los medicamentos recetados no están disponibles, los meses e incluso años que hay que esperar por una operación que puede salvar la vida (y aquellos que son afortunados y logran ser operados no tienen ni siquiera tiempo para recuperarse cuando ya los están devolviendo de una vez a la casa), o por una simple cita medica, y muchas veces las citas médicas son canceladas porque el paciente murió esperándolas, todas las personas que día con día se quedan sin ser atendidas, etc.
Incluso cada vez que una persona ingresa al hospital o una clínica de salud ya se esta rompiendo con la meta de la aplicación de la medicina como forma preventiva, y no curativa.
Otro ejemplo de lo anterior serían las grandes filas que se hacen en los centros educativos de preescolar, primaria y secundaria pertenecientes al Estado, cuando es el momento de la matricula, e incluso para poder asistir a una universidad estatal es necesario realizar un examen de admisión, y si se logra aprobar dicho examen, será necesario concursar junto a los otros alumnos que se encuentren en la misma situación y que deseen estudiar la misma carrera, por los cupos que cada año abre cada facultad para las diferentes carreras.
Actualmente y desde hace varios años, existen en nuestro país tanto centros de salud como educativos privados, el único inconveniente con respecto a estos es que para acceder a ellos es necesario contar con una cantidad considerable de dinero, pero cuantas personas no prefieren hacer pequeños sacrificios y ahorrar, que tener que estar soportando los problemas antes mencionados (principalmente en el campo de la salud); en el campo de la educación, se puede hablar de que los centros privados ofrecen mejor educación (mínimo estos centros son bilingües, e incluso hay algunos que enseñan hasta tres idiomas, algo tan necesario hoy en día) excluyendo la enseñanza superior (universidades) donde sucede lo contrario.
La famosa “platina” representa otro ejemplo de como el Estado y sus instituciones son incapaces de cubrir las demandas sociales. Como es posible que viendo el caos vial que se causa día con día con este inconveniente, no sean capaces de realizar una reparación adecuada del problema y se limiten a inventarse excusas del porque no la reparan y cuando lo hacen (de manera mediocre) se dañe al momento.
Se sabe que se han creado rotondas, autopistas y hasta puentes de dos niveles, para tratar de aligerar el tránsito vehicular de todos los días, y cuando se han creado puentes peatonales para las personas que viajan a pie, estos en lugar de ayudarlos, muchas veces terminan resultando en el escondite de los ladrones; y este es sólo un ejemplo de la inseguridad ciudadana.
Cuando hablamos de la privatización de lo público, nos referimos a la conversión de bienes o empresas del Estado (sector público) en bienes o empresas de propiedad privada.
Hace algunos años, se dieron grandes manifestaciones y huelgas, para impedir la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en ese momento se logró evitar que se diera esta situación y todo gracias a que se declararon con lugar dos acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron contra el acuerdo del Poder Ejecutivo que le permitió operar frecuencias ilegalmente en la banda de 800MHZ a la empresa COMCEL S.A., mampara de Millicom en Costa Rica, por lo que se anuló el decreto ilegal y también se declararon inconstitucionales los negocios jurídicos celebrados entre el ICE y las empresas Millicom de Costa Rica y CONCEL S.A.; pero nada nos asegura que si en algún futuro nuevamente se toma la decisión de privatizar algún bien o empresa del Estado, y todo el proceso se hace de manera legal, se pueda evitar la privatización. Seamos sinceros, cuantas veces el pueblo costarricense no ha hecho y sigue haciendo huelgas por problemas sociales o en general situaciones que le afectan, y cuantas veces han sido escuchadas esas voces.
Muchas veces cuando existe un déficit fiscal muy alto, es decir, le falta dinero al fisco (el Estado) porque no se dio una correcta recaudación fiscal (de impuestos), se suele encontrar como solución la privatización de empresas o bienes, ya que con esto se genera un ingreso para el Estado y además este ya puede dejar de estar subvencionando esa institución o bien. El problema está en que esa acción puede que sólo beneficie al Estado, pero llegue a perjudicar al pueblo, por ejemplo, en el caso de las instituciones para que se pueda tener acceso a ellas, será necesario pagar más por los servicios que brinden al pueblo; sin embargo se dice también que la competitividad puede beneficiar, además de eliminar la burocracia innecesaria que carcome a la sociedad.
Nos referimos al poder invisible cuando quienes ostentan el poder, no cumplen con dar publicidad a sus acciones, demostrando así una falta de transparencia y visibilidad del poder, por lo que ocultan a el pueblo los acuerdos tomados ya sea con otros Estados o en general; a veces guardan sus decisiones en total secreto y otras veces sólo comunican aquello que les conviene decir, esto demuestra que existe un cierto temor de que el pueblo reaccione violentamente si supiera toda la verdad.
Un ejemplo de lo anterior sería la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de America, para nadie es un secreto que el presidente Oscar Arias Sánchez estaba a favor de la firma de este tratado y por ende todos los que pertenecieran a su mismo partido político, es cierto que este TLC no era del todo malo, pero antes de aprobarlo era necesario renegociar ciertos aspectos, lastimosamente el gobierno se encargo de ocultar las partes negativas y sólo dejar ver las positivas.
Nuestro país por año importa más de lo que exporta, por la que siempre acaba el año con un déficit fiscal, ahora es muy probable que con el TLC con Estados Unidos de America que se aprobó este déficit aumente.
Como lo dijo Jürgen Habermas, citando a R. M. Merelman, “La legitimidad de un orden de dominación se juzga por la creencia de legitimidad por parte de quienes se encuentran sujetos a ella. Se trata de una “creencia de que las estructuras, los procedimientos, las acciones, las decisiones, políticas, funcionarios o líderes políticos de un Estado son correctas, adecuadas, moralmente buenas y de que merecen por ello reconocimiento “. En definitiva es una aceptación del pueblo de las actuaciones de sus gobernantes, esta legitimidad es cada día más difícil, debido a que en nuestro país hay descontento con el proceder de nuestros gobernantes, de ahí el hecho de la existencia del gran porcentaje de abstencionismo en las votaciones, estamos pasando no sólo una crisis económica, sino también una crisis ideológica y moral, nuestros gobernantes están siendo cuestionados, sus actuaciones ya no son consideradas correctas; a diario se escuchan criticas y estando tan cerca las elecciones, muchos de nosotros no sabemos cual de las opciones es la menos peor; somos concientes de que la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes es un logro que debemos ejercer y apreciar, pero que difícil es cuando no estamos satisfechos de los últimos gobiernos, cuando dudamos de las decisiones políticas, cuando vemos que son los mismos políticos los que de una u otra forma nos van a gobernar, y en definitiva cuando el olor a corrupción invade a las instituciones públicas.
Por otro lado se dice que la virtud y la justicia son fundamentos de validez del orden jurídico, base esencial de un Estado de derecho democrático como es el nuestro, lo que nos lleva a analizar si existe la virtud y la justicia dentro de nuestro país, por la fuerza no se solucionan los conflictos, es por ello que los ciudadanos acuden a los tribunales de justicia a buscar la solución de sus conflictos, y aquí pretenden que se les imparta justicia, y que quien la imparten sean virtuosos, que difícil, cuando los tribunales tardan mucho en resolver los conflictos, incluso en materia penal, en muchas causas se dicta sobreseimientos por prescripción, a cuando existe duda aplican el principio de “in dubio pro reo”, dejando al ofendido con una sensación de que sus derechos fueron violados, y que el imputado fue protegido por la lenta acción de los tribunales, esto a hecho que muchos delincuentes queden libres, desatando una ola de impunidad que perjudica grandemente la seguridad de los ciudadanos.
